Los resultados del referéndum constitucional del domingo 21 de abril en Ecuador van a tener importantes consecuencias políticas:
En primer lugar, refuerzan a Daniel Noboa como presidente y su proyecto y agenda política.
Noboa sale muy fortalecido de la consulta para poder reelegirse porque era una especie de plebiscito sobre su figura y gestión.
Y además su agenda ha sido apoyada: se trataba de un referendo promovido por él, con 11 aspectos esenciales de la gestión gubernamental, especialmente enfocados en seguridad, justicia, inversiones y empleo. Las primeras cinco preguntas implicaban posibles reformas constitucionales, mientras que las siguientes seis se centraban en cambios legislativos.
Noboa, en el referéndum, ha planteado un programa contrario al de su rival político en las elecciones de 2023 y seguramente de 2025, el correísmo. Eso es evidente por las reformas propuestas que suponían una contrarreformas con respecto a la etapa de Correa. Entre los temas que fueron sometidos a votación estaba la posibilidad de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía en la lucha contra el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos y la creación de juzgados en materia constitucional, el respaldo a Noboa demuestra que sus acciones en los temas de corrupción e inseguridad van en sintonía con lo que parece pedir la ciudadanía. Sin embargo, las derrotas de Noboa en dos de las 11 preguntas (por ejemplo, en la flexibilización del mercado laboral con contratos temporales y por horas) significa que en temas sociales el correísmo mantiene su fuerza.
Con relación a la crisis de seguridad, durante el estado de excepción, las acciones conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas dieron como resultado más de 18.400 detenciones y Ecuador registró una reducción de 41% en la incidencia de muertes violentas a comienzos de este 2024. La declaración de «conflicto armado interno», extendida por Noboa más allá del término del estado de excepción, llevó a catalogar a veintidós bandas criminales, en su mayoría relacionadas con el narcotráfico, como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, susceptibles de ser neutralizados por las fuerzas policiales y militares.
En el tema de la corrupción, en clave interna, el asalto a la embajada mexicana en Quito es leído no como una violación de los tratados internacionales sino como una apuesta por la soberanía nacional y la lucha contra la corrupción.
