Los problemas económicos (desempleo, pérdida de estatus social, inflación, dificultad para llegar a fin de mes y acotadas expectativas de mejora) y la inseguridad ciudadana (incremento de los robos, asaltos, asesinatos y presencia del crimen organizado) se han convertido en las dos principales preocupaciones de la ciudadanía latinoamericana.
En la actual coyuntura, estos dos viejos problemas que la región arrastra desde los años 80 se han reactivado como principales dolores de cabeza para gobiernos y administraciones.
El malestar ciudadano, la frustración de expectativas y, ahora, una elevada inflación en medio de un magro crecimiento económico se traducen en explosiones de protestas como en 2019 o en movilizaciones como en 2022 en Ecuador.
Junto a la incertidumbre económica habita la inseguridad ciudadana.
Tras el final de los regímenes dictatoriales, en los años 80, la inseguridad se transformó en una constante preocupación para una ciudadanía que se veía acosada por los robos, asaltos u homicidios lo que le llevaba a mantenerse encerrada en los condominios o hacer vida en los malls.
Al peligro de las bandas y las maras se une ahora una mayor presencia del crimen organizado y el narcotráfico. Ya no se trata solo de los cárteles del narcotráfico mexicano (el de Sinaloa o en Jalisco Nueva Generación) cuya presencia se da a escala continental, sino que grupos criminales como el Tren de Aragua (venezolano) ya se han expandido a Colombia y sus tentáculos alcanzan Chile.
La tentación es ahora apostar por soluciones de emergencia, mano dura y poco respeto a la institucionalidad democrática para afrontar los problemas sociales producto de la crisis económica y de seguridad.
Lo coyuntural es el cambio de gobierno y la caída en la aprobación de los presidentes, pero esa dinámica responde a una situación estructural de frustración de expectativas y desafección hacia las instituciones. En el Informe Latinobarómetro de 2021 se veía cómo desde 2009 la satisfacción por las democracias ha caído en 20 puntos.
El punto más bajo (2018) de respaldo a la democracia coincide con la oleada de protestas que afrontó la región en 2019 tras seis años de bajo o negativo crecimiento y deterioro de las cifras sociales.
