[14.06.2022] Centrada en los retos internos y externos que atraviesa actualmente la región iberoamericana debido a factores como la difícil gobernabilidad, el descontento social o la reciente invasión de Rusa a Ucrania, Núria Vilanova publica una tribuna en El Español para analizar una de las principales oportunidades de crecimiento que tiene la región ante este escenario: el nearshoring y la apuesta por el desarrollo de zonas francas.
Tal como señala nuestra presidenta, “la guerra comercial Washington-Pekín, el impacto de la pandemia y el conflicto de Ucrania en las cadenas mundiales de distribución y suministro ha llevado a que la Administración Biden impulse una ‘deslocalización cercana’” o nearshoring, animando a las empresas norteamericanas a desplazar su producción desde China hacia el propio territorio estadounidense o a países amigos como los latinoamericanos.
Este proceso, que persigue el fin de acercar a las compañías a sus mercados de consumo, reducir sus costos y mitigar los riesgos vinculados al aumento de tarifas y problemas logísticos, sin duda, “representa una nueva ventana de oportunidad para Latinoamérica que, ante el estallido de una crisis geopolítica global, se ve ante una oportunidad para diversificar su economía e impulsar un crecimiento económico con desarrollo social”.
Recordando lo analizado en el V Congreso CEAPI sobre las zonas francas en Iberoamérica, Núria subraya el caso de éxito que suponen el nuevo modelo de zonas francas desarrollado por países como Uruguay o la República Dominicana, que han sabido afrontar los retos, modernizarse y aportar estabilidad y previsibilidad en un escenario cambiante. Según señala Vilanova, es necesario que los países latinoamericanos conozcan en profundidad las herramientas e instituciones necesarias para atraer a estas empresas en proceso de relocalización y las inversiones que conllevan, ya que “el BID calcula que Iberoamérica podría lograr 70.000 millones de dólares en ingresos extras con solo captar un 15% de esa deslocalización estadounidense.”
En este sentido, la seguridad jurídica se posiciona como la principal clave para que la región se muestra atractiva de cara a los inversores. Esta seguridad debe ir acompañada por políticas públicas enfocadas a mejorar el clima de negocios, a fortalecer la colaboración público-privada y a fomentar el desarrollo de la infraestructura física y digital.
“Efectivamente” -concluye nuestra presidenta- “la zona franca es una inversión de largo plazo que deja al país unos beneficios que no son coyunturales ni volátiles. Deja una infraestructura compartida, un ecosistema de empresas que reduce los riesgos de entrar como inversor en un país y ofrece una continuidad operativa. Pero antes hay que hacer los deberes en casa: impulsar reformas estructurales, dar seguridad jurídica, crear y conservar el talento y tener una visión de alcance regional”.
