El futuro hacia el que debe caminar América Latina no es el de la vieja y ya añeja polaridad entre lo público y lo privado sino hacia una profundización, adaptación y modernización de una herramienta con más de tres décadas de existencia como son las alianzas público-privadas (APP).
El modelo APP se empezó a implantar en América Latina entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, proceso que se ha acentuado hacia la profundización de la cooperación público-privada en políticas públicas, lo que implica alianzas entre actores gubernamentales, empresas privadas y organizaciones sociales para la construcción de agendas, la toma de decisiones y la gestión de proyectos de interés común en ámbitos como el de las infraestructuras, el gobierno local, el acceso a financiación etc. De cara a la integración de la región en la IV Revolución industrial, existen dos requisitos previos para que esas alianzas público-privadas funcionen en el nuevo marco internacional que se está gestando:
a-. Desde el ámbito de lo público que existan estados eficientes, capaces de garantizar a largo plazo la seguridad jurídica y que cuenten con administraciones bien dotadas personal, financiera y materialmente para impulsar políticas públicas eficaces, así como coordinarse con el sector privado. Sin unas administraciones públicas eficaces y eficientes para poner en marcha políticas públicas efectivas y un estado capaz de preservar la seguridad jurídica uno de los dos componentes esenciales de las APP desaparece.
Por eso, se alza como esencial la construcción de unos estados bien financiados, dotados de suficientes recursos materiales y humanos, así como transparentes. Los países de la región son conscientes de que el déficit de capacidades estatales le ha quitado efectividad a la hora de responder a las demandas de sus ciudadanos y que este problema debe ser atendido adecuadamente porque resta legitimidad a esos mismos estados.
b-. Desde el ámbito de lo privado, debe existir una elite empresarial, un sector productivo y una red de emprendedores no solo con visión de negocio sino con visión de país, sensibilidad social y vocación de servicio. Una elite no extractiva sino constructiva volcada en el reforzamiento de las instituciones democráticas y de la sustentabilidad social y medioambiental.
Eso supone que el sector privado debe involucrarse en la construcción de pactos sociales que incluyen un mayor pago de impuestos, pero también un rol más protagónico en el diseño de las agendas país. La contraparte de este mayor compromiso fiscal por parte del sector privado supone que los estados garanticen la seguridad jurídica, impulsen políticas consensuadas de largo plazo y creen foros donde escuchar las voces y demandas del sector empresarial.
