Desde la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 hasta proyectos posteriores como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la región ha acumulado numerosos proyectos de integración, pero ninguno ha alcanzado un grado comparable al de la Unión Europea.
En el siglo XXI la integración empezó a adquirir también una dimensión política. El llamado giro a la izquierda favoreció la creación de organismos como UNASUR en 2008, mientras que Venezuela impulsó el ALBA. Paralelamente, países como Chile, Colombia, México y Perú apostaron por la Alianza del Pacífico, con una orientación económica diferente.
El problema volvió a ser la dependencia de los cambios políticos nacionales. Cuando cambiaban los gobiernos, cambiaban también las prioridades de integración. UNASUR prácticamente quedó paralizada tras el giro político de varios países sudamericanos, mientras que otros organismos tampoco consiguieron convertirse en estructuras supranacionales sólidas.
La región no debe desechar todo lo avanzado en materia de integración. Son 80 años de experiencia, creación de instituciones y un bagaje construido. Pero es necesario crear otro tipo de estructuras más flexibles para acometer los desafíos del nuevo escenario internacional y alcanzar cierta coordinación en el tablero mundial.
En ese sentido, una alternativa pasa por formar coaliciones de intereses entre países latinoamericanos. Serían alianzas de geometría variable y centradas en temas específicos con socios —especialmente potencias medianas y economías emergentes— que compartan suficientes puntos en común para emprender acciones conjuntas.
